En una investigación de varios meses a Prosegur por el Ministerio y en un informe de dieciocho folios,ha recibido la resolución de la multa millonaria
Una trabajadora de Prosegur se dirigió el pasado año a sus representantes sindicales para denunciar un presunto acoso sexual por su responsable de seguridad.
Los sindicalistas, de STS y uno de USO comenzaron a defender a la empleada. Desde entonces, tanto los sindicalistas como la propia trabajadora -según relata el informe-, sufrieron una persecución sindical y laboral.
Una trabajadora de Prosegur se dirigió el pasado año a sus representantes sindicales para denunciar un presunto acoso sexual por su responsable de seguridad.
Los sindicalistas, de STS y uno de USO comenzaron a defender a la empleada. Desde entonces, tanto los sindicalistas como la propia trabajadora -según relata el informe-, sufrieron una persecución sindical y laboral.
El Ministerio de Trabajo considera que Prosegur infringió los artículos 10 y 14 de la Constitución, el artículo 4.2 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 14.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
La infracción, calificada como "muy grave en grado máximo", fue de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, utilizándose como criterios de agravación la intencionalidad del autor -responsable de Prosegur-, el número de trabajadores afectados y el perjuicio causado. De hecho una trabajadora, según recoge el informe, perdió su piso al verse perjudicada por ver reducido su contrato y salario. La sanción, sucestible de recurso de alzada, asciende a 100.006 euros.
La infracción, calificada como "muy grave en grado máximo", fue de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, utilizándose como criterios de agravación la intencionalidad del autor -responsable de Prosegur-, el número de trabajadores afectados y el perjuicio causado. De hecho una trabajadora, según recoge el informe, perdió su piso al verse perjudicada por ver reducido su contrato y salario. La sanción, sucestible de recurso de alzada, asciende a 100.006 euros.
